Las sorprendentes restricciones impuestas al trabajo de los medios de comunicación y de los periodistas de las organizaciones ciudadanas en el denominado “Diálogo Salmonero” que organizaron hace unas semanas en Puerto Montt la WWF de Estados Unidos y las asociaciones empresariales Salmón Chile y Salmon of América (Sota), representa una preocupante señal sobre la falta de transparencia de la industria exportadora de recursos naturales y su opción por implementar millonarias estrategias comunicacionales de “maquillaje verde” para desinformar a la opinión pública y dividir a las organizaciones ciudadanas, comunidades locales y de trabajadores.Resulta aún mas grave el silencio cómplice guardado por algunas ONGs chilenas presentes en el “Diálogo del salmón” frente a la imposición de los organizadores del encuentro de realizarlo a “puertas cerradas” y de no informar a la opinión pública, ni registrar las intervenciones. La culminación de esta situación sucedió cuando directivos nacionales e internacionales de WWF señalaron en numerosas ocasiones la regla impuesta de prohibición de informar a una periodista de Ecoceanos News. El “vas a tener que apagar la grabadora” fue reiterativo, mandato que por supuesto no acatamos.
También se ordenó no obtener registro gráfico de la cita. Nada que permitiera difundir lo que ahí se discutiera y de eso se mofaron algunos de los más altos directivos de la industria salmonera: “yo personalmente prefiero este diálogo en la forma que sea (…) me gusta el sistema en que uno habla, pero después no pueden decirle que dijo lo que dijo”, comentó un empresario. Estos hechos son una voz de alerta para el dinámico y cada vez mas influyente “periodismo de ONGs” en Chile.
Es el comienzo de una nueva estrategia corporativa que busca amordazar o judicializar el accionar de los periodistas y de las organizaciones ciudadanas, de manera de seguir manteniendo la cultura del secretismo y la desinformación pública, condición básica para seguir expandiéndose sin regulaciones, destruyendo el medio ambiente, violando la legislación nacional y los acuerdos internacionales, así como los derechos ciudadanos, de los trabajadores, consumidores y de las comunidades locales. Sin embargo, es claro que esta situación no sería posible si no existiera la cooperación y las complicidades de organizaciones que se suponen representan a nivel nacional e internacional los intereses de la ciudadanía y del “bien común”.
Esto, se grafica en las intervenciones de uno de los representantes de Fundación Terram, quien destacó en varios ocasiones el carácter voluntario del encuentro, instando a los descontentos a dejar la sala y avalando con ello las cuestionadas reglas impuestas de restringir el ejercicio del periodismo. Será hora que los ciudadanos y trabajadores pidan cuentas públicas de su accionar a estas organizaciones en los procesos de “lavado de imagen corporativa” de sectores tan cuestionados ambiental y socialmente como son la salmonicultura, la pesca, la minería y la industria forestal y de celulosa.
EL PERIODISMO DEBE PONERLE LÍMITES AL PODER
A las viejas prácticas del silenciar o manipular la información, ahora se une el bloqueo directo de la labor periodística de las ONGs. Esto genera la necesidad entre los comunicadores y periodistas de estas organizaciones de defender los derechos y espacios conquistados para investigar, recopilar, difundir e informar a nuestras sociedades. El trabajo de “periodismo de ONGs” se ha ido ganando un sitial en las sociedades latinoamericanas, en gran parte como expresión de un sacrificado trabajo diario por la defensa de los derechos humanos, del medio ambiente y de la participación ciudadana.
Si hay algo que caracteriza el trabajo de un periodista es su papel de contribuir a ponerle límites al poder y esa premisa debe estar presente siempre en el trabajo de las organizaciones ciudadanas. Este tipo de periodismo fue un pilar fundamental para combatir la censura que imponía la dictadura militar y fueron los medios de comunicación y los periodistas independientes, una de las pocas vías por donde se pudo informar y denunciar nacional e internacionalmente las múltiples violaciones de los derechos humanos que ocurrían en Chile y en varios países de América del Sur.
El tema de los derechos humanos de ayer, guarda una gran similitud con el de la destrucción ambiental en el Chile de hoy. Las nuevas formas de trabajo comunicacional en red tienen un papel clave para la defensa de los derechos ciudadanos a nivel global, al ser una vía de información horizontal de alta calidad.
Ejemplo de ello ha sido lo sucedido con posterioridad a los atentados terroristas ocurridos en España, donde la comunicación ciudadana y de las organizaciones sociales lograron contrapesar la orientación que el gobierno estaba imponiendo para interpretar esos luctuosos hechos. Además, el trabajo del periodismo de ONGs se encuentra estrechamente vinculado al contacto con las comunidades locales.
En este contexto, mucha de la información que circula en las redes ciudadanas es parte de las demandas y propuestas de los “ciudadanos de a pié”, quienes habitualmente no tienen cabida en los grandes medios de comunicación, los cuales como en el caso de Chile, se encuentran controlados por un par de grupos económicos, familiares y partidarios.
El bloqueo a la tarea de informar, la censura previa y los llamados de atención a quienes mantuvieron las grabadoras encendidas en el denominado “Salmonólogo de Puerto Montt”, se parecen más a la estrategia de las grandes compañías que a la posición de organizaciones ciudadanas independientes. Este tipo de censuras es simplemente inaceptable y repudiable en un país que lucha por construir una sociedad democrática, tolerante y pluralista. La libertad de opinión y el derecho a la información tienen que continuar ganando espacios en Chile.
Tarea doble: informar cuando los funcionarios del Estado intentan imponer la cultura del secretismo y las grandes empresas tratan de ocultar la información e intentan “apagar las grabadoras”.
